El primer paso va a ser el proceso monitorio en el que se reflejarán la identificación del moroso, su dirección, la cuantía de la deuda y los documentos certificativos de todo esto. El requerimiento será notificado personalmente, concediéndole un periodo de 20 días para pagar. De no ser así se efectuará el procedimiento.
El proceso monitorio es un proceso rápido y muy efectivo para esta variedad de reclamaciones, puesto que la mera petición al principio de la deuda acarrea un coste para el deudor cuando se hace por medio de abogado y procurador. Y, en el supuesto de que se niegue, implica bastante más costes, además del embargo preventivo de sus bienes. Por eso, contratar un abogado para estas eventualidades, suele ser suficiente para que el deudor se muestre dispuesto a pagar, pese a que sea bajo un acuerdo con ventajas para pagar.
Cuando el deudor presenta un escrito por el que se opone, la materia se resolverá en juicio. El documento tiene que ir firmado por abogado y procurador cuando la intervención fuera imprescindible por tratarse de una cuantía por encima de los 2.000 euros. La desventaja de este tipo de proceso es que puede prolongarse demasiado en el tiempo y la comunidad deberá avanzar el dinero desde el mismo instante en el que se presenta la demanda sin posibilidad de trabar hasta que tenga lugar el juicio. Lo cual evidentemente es más lento y fastidioso.
Deja que nos ocupemos de todo en Vecindia y nuestro equipo de abogados se ocupará de ofrecerte la asesoría legal y jurídica de adeudos y morosos en comunidades de vecinos que necesites, disponiendo que todo sea mucho más fácil y sencillo, de modo que los propietarios como vosotros no tengáis que perder el tiempo ni agobiaros por nada.
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Cuando se quiera iniciar un proceso de reclamación de deudas a un residente moroso, la mejor opción es contratar a un abogado especialista en Ley de Propiedad Horizontal que se encargue de ejecutar todas las gestiones indispensables.
Las cuotas de participación vienen fijadas en los reglamentos de la comunidad y cada uno de los dueños de las viviendas tienen el deber de colaborar en los costes generales de mantenimiento de los servicios referentes a la comunidad. Del mismo modo, en situaciones inusuales en las que se aprueben derramas para obras y contingencias especiales, todos los dueños de las viviendas también tienen que costearlas. En el caso en que no se verán obligados a hacer el pago es cuando se trata de una labor de mejora que no sea verdaderamente necesaria y a la que se haya opuesto. Pero entonces, cabe la posibilidad de que se vea privado de su uso.
Al mismo tiempo, hay que saber que si un nuevo propietario compre la vivienda de un propietario moroso, éste deberá de lidiar con la deuda de los tres años previos a la compra. Y además, en el supuesto de que se aprueben obras o costes que se paguen más adelante, será el nuevo dueño de ese momento quien tiene que hacer frente al coste. Debido a esto, es fundamental que antes de adquirir un inmueble, tendrás que indagar diligentemente acerca del estatus de las deudas de la finca.
Contar con un deudor entre los residentes es un inconveniente que empeora todavía más cuando se trata de una comunidad pequeña, debido a que los costes se tienen que repartir entre muy pocos vecinos. Se tiene como moroso a aquel vecino que no se mantiene al día de los pagos de la comunidad, perdiendo el derecho a voto en las juntas de propietarios. Si necesitas hacer frente a deudas y morosos en una comunidad de vecinos se debe actuar siempre de acuerdo a la legislación vigente, teniendo en cuenta qué es lo que podrá y lo que no podrá hacerse.
De cualquier forma, el problema reside en que, en la mayoría de los casos, las deudas y morosos en una comunidad de propietarios son capaces de colocar en graves aprietos a la comunidad y es cierto que pretender cobrar a un vecino moroso no va a ser sencillo.
En primer lugar, por sentido práctico, es importante prevenir que la deuda no alcance los 2.000 euros de modo que se pueda llegar a un pacto amistoso con el vecino moroso. En esta clase de casos se remitirá una carta al vecino moroso con referencia a la deuda que ha acumulado y a la obligación de hacer el pago. Si aun insistiendo, no conseguimos que pague, se debe celebrar una junta de vecinos en la que realizar la liquidación de la deuda y autorizar al presidente de la comunidad para reclamar judicialmente, comunicando el proceso al moroso por vía de un burofax. El vecino dispondrá de un periodo de tres días para abonar lo que debe.
Llegados a este punto, hay dos opciones: el proceso monitorio, el más conveniente para las comunidades de vecinos, y el procedimiento declarativo que, en función de la cantidad, puede ser verbal u ordinario. Cuando liquida la deuda, se pone fin al proceso; si no quiere pagar pero no opone requerimiento se puede poner en práctica el decreto que se haya notificado; y si presenta oposición a la reclamación se deberá comenzar el procedimiento ordinario si la cuantía supera los 6.000 euros y juicio verbal si no llega a los esa cantidad. En ningún caso es indispensable contratar a un abogado o procurador, pero sí es aconsejable. Nuestros abogados experimentados en comunidades de vecinos de Vecindia pueden dar este tipo de asistencia con absoluta garantía de triunfo.
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El administrador de fincas es una figura muy importante dentro de las comunidades de propietarios, ya que se encarga de llevar a cabo una gran cantidad de trámites económicos y jurídicos y de estar a disposición de los comuneros ante cualquier problema o duda que pueda surgir. Es el que lleva todos los asuntos y gestiones destinadas a velar y a potenciar los intereses de la comunidad.
La extinción de condominio es mucho más económica que la compraventa. Si la disolución se realiza de manera que a cada comunero se le adjudican bienes o derechos en proporción exacta a su cuota de participación en el inmueble común, no existiría transmisión alguna, al tratarse de un reparto de una cuota que ya pertenecía al sujeto.
Resolución del contrato de compraventa de un inmueble: ¿en qué casos puede hacerse? El contrato de compraventa de un inmueble es un compromiso establecido entre el comprador y el vendedor para entregar el bien a cambio de un valor previamente acordado. Este documento obliga al vendedor a entregar el inmueble en las condiciones en las que se encontraba cuando se firmó el contrato de compraventa. Y, por otro lado, obliga al comprador a abonar el importe reflejado en el mismo.
Demandar a una comunidad de propietarios es una decisión de peso, especialmente si las medidas que se han tomado en las reuniones de la comunidad nos afectan negativamente. La legislación actual nos ampara para poder impugnar estas decisiones y luchar por nuestros derechos. Concretamente en La Ley de Propiedad Horizontal 8/1999.
