El contrato de compraventa de una vivienda es el documento en el que el titular de un inmueble se compromete a cederlo al comprador como contraprestación a un coste estipulado. Un acuerdo jurídico bilateral y convenido en el que se requieren las voluntades de ambas partes de modo que pueda tener lugar la operación y la entrega del inmueble. Sin embargo, con la firma del documento no se hace efectiva la concesión del inmueble, sino que lo que se hace es pactar que más tarde tendrá lugar la concesión del mismo. Tiene que ser precisado en escritura pública, tal como queda plasmado en el art. 1280 del Código Civil y referir la propiedad en cuestión, el número de finca y el Registro donde se encuentra recogido. Pero también es aconsejable agregar otro tipo de información para facilitar su identificación, como la referencia del catastro o la descripción que refleja en el Registro. Y si el inmueble cuenta también con aparcamiento o trastero, por ejemplo, se recomienda dejarlo por escrito.
A continuación te damos algunos motivos por los que se recomienda contratar un abogado para la preparación y administración de contratos de compraventa:
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El contrato de compraventa es un pacto privado en el que se reflejan los derechos y obligaciones tanto del propietario como del comprador. Está compuesto por distintas cláusulas y condiciones. Deben agregarse los datos tanto del propietario como del comprador, la verificación del certificación de la posesión, las especificaciones de la vivienda, el coste de la venta, la fecha de cesión, los impuestos y abonos y las penalizaciones.
Principales puntos: el contrato debe recoger una reseña minuciosa de la vivienda y sus anexos, sus metros útiles, su emplazamiento e información sobre los elementos comunes. Además, tienen que plasmarse los datos registrales de la propiedad y las posibles deudas que la pueden gravar, y el estado de los pagos de impuestos y otros costes.
Precio y reparto de costes: también deberán recogerse todas las cláusulas de la compraventa, como el precio de la vivienda y el método de pago, a quién corresponde cada gasto de la operación o la fecha de entrega de la propiedad. Además del plazo para hacer llegar la escritura pública, los requerimientos de subrogación de hipoteca si existiera y las sanciones que traería consigo si el contrato se incumpliera.
Escritura pública: aunque el contrato de compraventa se haya firmado, el comprador no es poseedor legal hasta que el notario lo eleve a escritura pública. En esta se añade la última verificación de el estado registral del inmueble que gestiona el notario así como la verificación de las deudas que pesan sobre el inmueble. Además del comprobante de abono del IBI, los deberes fiscales derivados de la compra, la sujeción a las condiciones legales y obligaciones fiscales y el reparto de costes de la operación.
Vender o adquirir una propiedad puede implicar muchos más problemas de los previstos. Aunque pueda parecer muy pesimista, lo cierto es que muchos disgustos pueden evitarse. Por este motivo, es aconsejable contratar la asistencia de un abogado para disfrutar de asesoramiento a lo largo de todo el proceso de compraventa de una casa. Ciertamente, contratar este tipo de asesoramiento conlleva un gasto, pero también te será de mucha ayuda para evitar muchos contratiempos y poder responder mejor a los mismos.
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Ley Propiedad Horizontal reclamación morosos. La Ley de Propiedad Horizontal, recoge en su artículo 9.1e) que es obligación de cada propietario, contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.
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Artículo 15 de la Ley de Propiedad Horizontal. El artículo 15 de la Ley de Propiedad Horizontal en España es un componente crucial de la legislación, ya que establece los derechos y deberes de los propietarios en las comunidades, sienta las bases para una convivencia equitativa en edificios con múltiples propietarios, y define las responsabilidades individuales en relación con el uso y disfrute de las áreas privadas y comunes.
