En nuestro bufete contamos con un equipo de profesionales con una alta formación en la legalidad y la gestión de comunidades de vecinos que os ofrecerán ayuda para simplificar el gobierno de la comunidad para conservar el edificio mediante las medidas oportunas para el correcto sostenimiento y la severa administración económica, dotada de rigor, recursos de eficiencia, privacidad, información, seguridad y claridad.
Además, llevamos a cabo las tareas que sean necesarias ante las entidades públicas, tanto gestiones ante la Seguridad Social como la cumplimentación de las declaraciones trimestrales en la Hacienda Pública de los fondos de la comunidad de vecinos, las instancias ante el ayuntamiento que corresponda y la petición de las autorizaciones precisas. Y es que no en pocas ocasiones las comunidades de vecinos deben interactuar con las insituciones públicas: como es el caso de pedir ayudas del Gobierno, llevar a cabo arreglos de fachadas, sufragar posibles multas, tramitar requerimientos, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de abogados con más de diez años de experiencia. Tanto de forma telefónica como por email o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
El devenir de una comunidad de vecinos puede producir numerosos conflictos provocados, en algunas ocasiones, por la falta de acuerdo entre los propietarios y por la incomprensión de la normativa legal y, en otros casos, por las desavenencias que se producen por la falta de confianza en las entidades de gobierno y administración de la comunidad. Lamentablemente, el sector de la administración de fincas tiende a ser un sector opaco y poco claro, por lo que prácticamente todos los días se destapan trampas y malas costumbres en la administración de las finanzas de la comunidad por parte de dichos administradores que provocan que los vecinos tengan que hacer frente un sobrecoste por los mismos trabajos. Por este motivo, las auditorías de las comunidades de propietarios son un procedimiento más frecuente de lo que piensas.
Gracias al uso de instrumentos digitales, podemos conseguir una adecuada comunicación entre el presidente, el resto de vecinos, la junta de gobierno y el administrador. Sometemos a un estudio las cuentas de la comunidad de propietarios para comprobar la conciliación bancaria y gestionar las posibles problemas que puedan generarse para reducir los márgenes de equivocación y el intervalo de respuesta.
Las comunidades de propietarios que únicamente realicen funciones propias de su condición, no tienen por qué llevar las cuentas ni enunciar cuentas anuales a efectivos mercantiles, por lo que el órgano correspondiente, ya sea el presidente o el administrador, seguirá el criterio que juzgue más conveniente para plasmar su situación financiera.
Debido a ello, en el caso de que se quiera efectuar una auditoría de las finanzas de la comunidad de propietarios, no es preciso que esta revisión sea realizada de forma expresa por un auditor, sino que puede ocuparse de ello cualquier persona que cuente con la formación y la pericia adecuados en el ámbito de la articulación de las comunidades de propietarios, como puede ser un letrado. Eso sí, el estudio emitido no podrá registrarse como informe de auditoría de cuentas, ni su elaboración o presentación podrá dar lugar a confusión respecto a que se refiere a una labor de verificación y no de auditoría como tal.
Cualquier persona está en su derecho de solicitar una auditoría de las cuentas, pero deberá aprobarse el acto en la junta de vecinos. Si más de la mitad de las cuotas de los propietarios aprueban la confección del informe, se llevará a cabo y deberá ser pagado por toda la comunidad de vecinos. En caso de que se dectecten anomalías, se podría querellar al gestor de la finca o quién se encargue de sus funciones.
En este sentido, la labor de nuestros letrados está siempre a disposición de cualquier beneficio que pueda ser favorable para la comunidad y para tramitar las tareas que sean necesarias en las distintas instituciones públicas. Pero además te ofrecemos orientación legal para todas aquellas polémicas que tengan que ver con las comunidades de propietarios y la LPH. Como administradores de fincas colegiados, proprocionamos información sobre las novedades legales que puedan publicarse, orientación y análisis de la concerniente a procedimientos judiciales, la redacción y inspección de documentos legales y denuncias extrajudiciales para la protección de la comunidad de vecinos.
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El administrador de fincas es una figura muy importante dentro de las comunidades de propietarios, ya que se encarga de llevar a cabo una gran cantidad de trámites económicos y jurídicos y de estar a disposición de los comuneros ante cualquier problema o duda que pueda surgir. Es el que lleva todos los asuntos y gestiones destinadas a velar y a potenciar los intereses de la comunidad.
Solicitud de Junta Extraordinaria en Comunidad de propietarios. La solicitud de la Junta Extraordinaria de la Comunidad de propietarios es un documento que permite a los propietarios pedir a la Junta de Propietarios que se reúna cuando lo deseen. Debiendo ser solicitada por escrito y convocada por el presidente de la Comunidad. Solicitud de Junta […]
Si se aprueba en Junta y el acuerdo no es impugnado, es posible contar con la figura de un vocal censor de cuentas en una comunidad de vecinos, que puede ser nombrado entre los propietarios del inmueble. Una figura cuya función principal es pre-aprobar las cuentas, auditarlas y responder a las preguntas sobre los gastos que realice el resto de los propietarios.
Teniendo en cuenta que, por regla general, el comprador necesita como mínimo de 15 días para tramitar la hipoteca y que la Nueva Ley Hipotecaria obliga a los futuros hipotecados a acudir al notario con un mínimo de 10 días antes para informarse sobre las condiciones y cláusulas concretas del préstamo, el plazo para escriturar puede demorarse al menos un mes. Además, conviene ser cautelosos y dejar un buen margen de maniobra, ya que el plazo que se pacte en el contrato de arras es el máximo permitido. No pasa nada si se firma en Notaría antes de la fecha límite, pero podemos encontrarnos en problemas si necesitamos pedir una prórroga para poder escriturar.
