En nuestro despacho contamos con un equipo de expertos en leyes con una amplia formación en la legalidad y la gestión de comunidades de vecinos que os ayudarán a simplificar el gobierno de la comunidad para cuidar el edificio a través de decisiones oportunas para el correcto sostenimiento y la estricta gestión económica, dotada de rigor, recursos de eficiencia, privacidad, datos, seguridad y transparencia.
Además, tramitamos las gestiones que sean precisas ante las entidades públicas, tanto trámites ante la Seguridad Social como la elaboración de las declaraciones trimestrales en la Hacienda Pública de las cuentas de la comunidad de propietarios, las instancias ante el ayuntamiento correspondiente y la solicitud de las licencias requeridas. Y es que no en pocos casos las comunidades de vecinos tienen que comunicarse con las insituciones públicas: como es el caso de pedir subvenciones, ejecutar arreglos de fachadas, costear posibles multas, tramitar denuncias, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de letrados con más de 10 años de experiencia. Tanto de forma telefónica como por email o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
La vida cotidiana de una comunidad de vecinos puede dar lugar a diversos conflictos provocados, en algunas ocasiones, por la falta de entendimiento entre los propietarios y por el desconocimiento de la LPH y, en algunos casos, por las desavenencias que se producen por la falta de confianza en los órganos de gobierno y gestión de la comunidad. Por desgracia, el sector de la administración de fincas tiende a ser un sector oscuro y poco claro, por lo que casi todos los días se pillan fraudes y malos hábitos en la administración de la contabilidad de la comunidad por parte de dichos gestores que provocan que los vecinos deban pagar un sobrecoste por los mismos trabajos. Debido a ello, las auditorías de las comunidades de propietarios son un instrumentos más habitual de lo que imaginas.
Gracias al uso de los medios tecnológicos, podemos conseguir una correcta comunicación entre el presidente, el resto de propietarios, la junta de gobierno y el gestor. Sometemos a un examen la eocnomía de la comunidad de vecinos para evaluar la conciliación bancaria y administrar las posibles incidencias que puedan producirse para disminuir los márgenes de error y el tiempo de reacción.
Las comunidades de propietarios que solamente desarrollen funciones propias de su condición, no están obligadas llevar la contabilidad ni formular cuentas anuales a efectivos mercantiles, por lo que el organismo pertinente, ya sea el presidente o el gestor, seguirá el mecanismo que juzgue más apropiado para reflejar su situación financiera.
Por eso, en el caso de que se quiera llevar a cabo una auditoría de las finanzas de la comunidad de propietarios, no es necesario que dicha revisión sea efectuada obligatoriamente por un auditor, sino que puede encargarse de ello cualquier persona que posea los conocimientos y la destreza adecuados en el ámbito la estructura de las comunidades de propietarios, como puede ser un letrado. No obstante, el análisis creado no podrá determinarse como informe de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrá crear confusión respecto a que se refiere a un trabajo de verificación y no de auditoría como tal.
Cualquier residente de la finca está en su derecho de pedir una auditoría de las cuentas, pero deberá aprobarse el acto en la junta de propietarios. Si más del 50% de las cuotas de los propietarios votan favorablemente la elaboración del informe, se preparará y será sufragado por al totalidad de la comunidad de vecinos. En caso de que se identifiquen anomalías, se podría acusar al gestor de la finca o quién se ocupe de sus funciones.
En este sentido, la firma de nuestros abogados está siempre al servicio de cualquier beneficio que pueda resultar positivo para la comunidad y para poner en marcha las tareas que sean necesarias en las distintas administraciones públicas. Pero además te procuramos asesoría legal para todas aquellas disputas que tengan que ver con las comunidades de vecinos y la Ley de Propiedad Horizontal. Como administradores de fincas colegiados, brindamos información sobre las novedades legales que puedan publicarse, asesoramiento y análisis de la relacionada con procedimientos jurídicos, la composición y revisión de documentos legales y requerimientos extrajudiciales para la protección de la comunidad de vecinos.
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¿Cómo denunciar al administrador de fincas? Toda Comunidad de Propietarios debe tener un órgano de administración, y por ley se exige que este se compone del Presidente de la Comunidad y un Secretario o Vicepresidente. Estos cargos se pueden delegar, y normalmente se hace en la figura del Administrador de Fincas, un profesional titulado y colegiado, preparado para tratar todos los temas y problemas que pueden surgir en una vecindad.
Oposición a la impugnación de la tasación costas. La tasación de costas practicada por el Secretario Judicial es uno de los momentos más significativos del proceso una vez que se ha resultado vencedor o perdedor de la contienda. En este sentido, la decisión tomada por el fedatario del Juzgado es trascendental tanto para la parte […]
El artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal recoge todo lo relacionado con la impugnación de los acuerdos adoptados por la comunidad de vecinos reunidos en una Junta de Propietarios. Establece que pueden ser impugnados ante la autoridad judicial aquellos acuerdos que hayan sido aprobados pero que sean contrarios a la legislación vigente o a los Estatutos de la Comunidad, que perjudiquen gravemente a los intereses de la comunidad a favor de uno o varios vecinos o que supongan un grave perjuicio para algún propietario que no esté obligado a soportarlo.
Teniendo en cuenta que, por regla general, el comprador necesita como mínimo de 15 días para tramitar la hipoteca y que la Nueva Ley Hipotecaria obliga a los futuros hipotecados a acudir al notario con un mínimo de 10 días antes para informarse sobre las condiciones y cláusulas concretas del préstamo, el plazo para escriturar puede demorarse al menos un mes. Además, conviene ser cautelosos y dejar un buen margen de maniobra, ya que el plazo que se pacte en el contrato de arras es el máximo permitido. No pasa nada si se firma en Notaría antes de la fecha límite, pero podemos encontrarnos en problemas si necesitamos pedir una prórroga para poder escriturar.
