En nuestra empresa contamos con un equipo de abogados con una amplia formación en la legalidad y la administración de comunidades de propietarios que os ayudarán a facilitar la dirección de la comunidad para proteger el edificio a través de decisiones adecuadas para el apropiado mantenimiento y la precisa administración económica, dotada de rigor, recursos de eficiencia, privacidad, datos, seguridad y claridad.
Además, hacemos las gestiones que sean necesarias ante los organismos públicos, tanto gestiones ante la Seguridad Social como la redacción de las declaraciones trimestrales en la Agencia Tributaria de los fondos de la comunidad de vecinos, las demandas ante el ayuntamiento correspondiente y la solicitud de las licencias requeridas. Y es que no en pocas ocasiones las comunidades de vecinos deben interactuar con las insituciones públicas: como es el caso de solicitar subvenciones, llevar a cabo reparaciones de fachadas, costear posibles sanciones, tramitar denuncias, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de profesionales con más de 10 años de experiencia. Tanto de manera telefónica como por correo electrónico o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
La vida diaria de una comunidad de propietarios puede crear un buen número conflictos provocados, muchas veces, por la falta de acuerdo entre los vecinos y por el desconocimiento de la la legalidad vigente y, en algunos casos, por las disconformidades causadas por la falta de seguridad en las instituciones de gobierno y gestión de la comunidad. Por desgracia, el sector de la administración de fincas tiende a ser un sector opaco y poco claro, por lo que casi todos los días se descubren trampas y malos hábitos en la gestión de los fondos de la comunidad por parte de dichos gestores que provocan que los vecinos deban afrontar un sobrecoste por los mismos trabajos. Debido a ello, las auditorías de las comunidades de propietarios son un procedimiento más frecuente de lo que imaginas.
Gracias al uso de instrumentos digitales, podemos conseguir una adecuada comunicación entre el presidente, el resto de vecinos, la junta de gobierno y el gestor. Sometemos a un estudio la contabilidad de la comunidad de propietarios para evaluar la conciliación bancaria y administrar las posibles problemas que puedan producirse para minimizar los márgenes de error y el tiempo de reacción.
Las comunidades de vecinos que únicamente realicen actividades propias de su condición, no tienen por qué llevar la contabilidad ni enunciar cuentas anuales con objetivos mercantiles, por lo que el organismo correspondiente, ya sea el presidente o el administrador, continuará el método que juzgue más conveniente para plasmar su condición financiera.
Por eso, en el caso de que se quiera realizar un examen de los fondos de la comunidad de propietarios, no es necesario que dicha revisión sea efectuada de forma expresa por un auditor, sino que puede encargarse de ello cualquier persona que posea la formación y la capacidad adecuados en el terreno la estructura de las comunidades de vecinos, como puede ser un letrado. No obstante, el informe emitido no podrá denominarse como informe de auditoría de cuentas, ni su elaboración o presentación podrá producir confusión respecto a que se trata de un trabajo de comprobación y no de auditoría como tal.
Cualquier vecino está en su derecho de pedir una auditoría de las cuentas, pero deberá acordarse el acto en la junta de propietarios. Si más del 50% de las cuotas de los propietarios votan favorablemente la confección del informe, se preparará y deberá ser costeado por al totalidad de la comunidad de vecinos. En caso de que se dectecten irregularidades, se podría querellar al administrador de la finca o quién realice sus funciones.
En este sentido, la rúbrica de nuestros letrados está siempre al servicio de cualquier beneficio que pueda ser positivo para la comunidad y para poner en marcha las tareas que sean necesarias en las diferentes instituciones públicas. Pero además te brindamos asesoría legal para todas aquellas disputas que tengan que ver con las comunidades de propietarios y la LPH. Como administradores de fincas colegiados, brindamos información sobre las novedades legales que puedan surgir, orientación y valoración de la relacionada con procedimientos jurídicos, la composición y revisión de escritos legales y requerimientos extrajudiciales para la defensa de la comunidad de propietarios.
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Artículo 9.3 ley de arrendamientos urbanos. Una de las normas más importantes que regula los contratos de arrendamiento es el artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Este artículo establece las condiciones y procedimientos para la finalización anticipada del contrato de arrendamiento, tanto por parte del arrendador como del inquilino. Especificando además, las consecuencias de no cumplir con los plazos de preaviso establecidos para la finalización del contrato.
El administrador de fincas es una figura muy importante dentro de las comunidades de propietarios, ya que se encarga de llevar a cabo una gran cantidad de trámites económicos y jurídicos y de estar a disposición de los comuneros ante cualquier problema o duda que pueda surgir. Es el que lleva todos los asuntos y gestiones destinadas a velar y a potenciar los intereses de la comunidad.
¿Cómo anular un contrato de compraventa de una casa? La compraventa de una casa es una decisión que normalmente va acompañada de muchas ilusiones por parte del comprador. Sin embargo, algunas veces pueden darse circunstancias imprevistas que pueden llevar a la anulación del contrato. Un proceso que puede conllevar consecuencias legales y financieras significativas tanto para el comprador como para el vendedor.
