En nuestro bufete contamos con un equipo de expertos en leyes con una alta formación en el derecho y la administración de comunidades de vecinos que os ayudarán a simplificar el gobierno de la comunidad para preservar la finca a través de las medidas oportunas para el apropiado mantenimiento y la rigurosa gestión financiera, dotada de rigor, recursos eficaces, privacidad, información, protección y transparencia.
Además, llevamos a cabo las gestiones que sean necesarias ante las entidades públicas, tanto trámites ante la Seguridad Social como la elaboración de las declaraciones trimestrales en la Hacienda Pública de las cuentas de la comunidad de propietarios, las demandas ante el ayuntamiento que corresponda y la solicitud de los permisos necesarios. Y es que no en pocos casos las comunidades de vecinos deben interactuar con las insituciones públicas: como es el caso de cursar ayudas del Gobierno, ejecutar arreglos de fachadas, costear posibles sanciones, presentar denuncias, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de abogados con más de 10 años de trabajo. Tanto de manera telefónica como por email o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
El devenir de una comunidad de vecinos puede crear múltiples conflictos provocados, muchas veces, por la falta de entendimiento entre los propietarios y por el desconocimiento de la la legalidad vigente y, en otros casos, por las disconformidades causadas por la falta de seguridad en los órganos de gobierno y administración de la comunidad. Lamentablemente, el sector de la administración de fincas tiende a ser un sector oscuro y poco claro, por lo que prácticamente a diario se desenmascaran desfalcos y malas praxis en la administración de las finanzas de la comunidad por parte de dichos administradores que hacen que los propietarios deban afrontar un sobrecoste por los mismos trabajos. Debido a ello, las auditorías de las comunidades de vecinos son un procedimiento más frecuente de lo que imaginas.
Gracias al uso de los medios tecnológicos, podemos conseguir una adecuada comunicación entre el presidente, el resto de propietarios, la junta de gobierno y el gestor. Sometemos a un examen la contabilidad de la comunidad de vecinos para verificar la conciliación bancaria y administrar las posibles incidencias que puedan apareer para acortar los márgenes de error y el tiempo de reacción.
Las comunidades de vecinos que solamente desempeñen actividades propias de su condición, no tienen por qué llevar la contabilidad ni formular cuentas anuales con objetivos mercantiles, por lo que el organismo pertinente, ya sea el presidente o el administrador, seguirá el mecanismo que considere más apropiado para plasmar su situación financiera.
Debido a ello, en el caso de que se quiera hacer un examen de las finanzas de la comunidad de propietarios, no es preciso que esta inspección sea realizada de manera expresa por un auditor, sino que puede ocuparse de ello cualquier persona que disponga de la formación y la pericia adecuados en el ámbito del funcionamiento de las comunidades de propietarios, como puede ser un abogado. No obstante, el análisis emitido no podrá registrarse como informe de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrá producir error respecto a que se refiere a un trabajo de revisión y no de auditoría como tal.
Cualquier residente de la finca está en su derecho de pedir una auditoría de las cuentas, pero tendrá que acordarse el acto en la junta de propietarios. Si más de la mitad de las cuotas de los vecinos aprueban la realización del documento, se llevará a cabo y deberá ser sufragado por toda la comunidad de vecinos. En caso de que se identifiquen irregularidades, es posible demandar al gestor de la finca o quién se encargue de sus funciones.
En este sentido, la rúbrica de nuestros abogados está siempre al servicio de cualquier beneficio que pueda ser favorable para la comunidad y para poner en marcha las gestiones que sean necesarias en las diferentes organizaciones públicas. Pero además te brindamos asesoría legal para todas aquellas cuestiones relacionadas con las comunidades de vecinos y la LPH. Como administradores de fincas colegiados, brindamos información sobre las novedades normativas que puedan publicarse, orientación y análisis de la relacionada con procedimientos judiciales, la elaboración y revisión de escritos legales y reclamaciones extrajudiciales para la protección de la comunidad de propietarios.
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Cada vez es más habitual que la gestión técnica de las comunidades de vecinos se deje en manos de un Administrador de Fincas. Los administradores de fincas son los encargados de trabajar en los asuntos financieros y reglamentarios que son imprescindibles en la gestión y mantenimiento de las comunidades de vecinos. Para desempeñar sus funciones, será necesaria la solicitud previa de los propietarios de fincas municipales o rurales, o bien una resolución de una asamblea de propietarios.
Cómo saber si una vivienda tiene cédula de habitabilidad: La cédula de habitabilidad es un certificado que especifica que la vivienda cumple con todos los requisitos técnicos de habitabilidad establecidos por ley para poder vivir en ella. Algunos de estos requisitos están relacionados con la superficie útil mínima, el número de estancias que debe tener y el equipamiento de la casa.
Real Decreto sobre cláusulas de suelo: como sabrás, cuando en una hipoteca aparece una cláusula suelo, se puede intentar declarar su nulidad por considerarse abusiva, alegando infracción de numerosa normativa. Pero para invocar esta normativa de protección de consumidores, el primer requisito que se exige es que el demandante tenga la condición de consumidor o usuario. El objetivo del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, es facilitar la devolución de las cantidades satisfechas de forma indebida por el consumidor a las entidades bancarias en aplicación de ciertas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.
