En nuestra empresa contamos con un equipo de expertos en leyes con una elevada formación en la legalidad y la administración de comunidades de propietarios que os ofrecerán ayuda para facilitar la dirección de la comunidad para preservar la finca a través de las medidas adecuadas para el correcto sostenimiento y la severa gestión económica, dotada de rigor, recursos eficaces, privacidad, datos, protección y transparencia.
Además, llevamos a cabo las tareas que sean precisas ante las instituciones públicas, tanto trámites ante la Seguridad Social como la cumplimentación de las declaraciones trimestrales en la Hacienda Pública de los fondos de la comunidad de propietarios, las peticiones ante el ayuntamiento que corresponda y la solicitud de las licencias requeridas. Y es que no en pocas ocasiones las comunidades de propietarios tienen que interactuar con las insituciones públicas: como es el caso de solicitar ayudas del Gobierno, llevar a cabo reparaciones de fachadas, costear posibles sanciones, tramitar reclamaciones, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de abogados con más de 10 años de experiencia. Tanto de forma telefónica como por email o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
El devenir de una comunidad de vecinos puede producir múltiples conflictos provocados, en algunas ocasiones, por la falta de acuerdo entre los propietarios y por el desconocimiento de la Ley de Propiedad Horizontal y, en otros casos, por las disconformidades generadas por la falta de seguridad en las entidades de gobierno y administración de la comunidad. Por desgracia, el sector de la administración de fincas tiende a ser un sector oscuro y poco transparente, por lo que casi todos los días se desenmascaran fraudes y malas prácticas en la administración de las cuentas de la comunidad por parte de dichos administradores que provocan que los vecinos deban abonar un sobrecoste por los mismos servicios. Por este motivo, las auditorías de las comunidades de vecinos son un procedimiento más frecuente de lo que imaginas.
Gracias al uso de los medios tecnológicos, podemos conseguir una correcta comunicación entre el presidente, el resto de vecinos, la junta de gobierno y el gestor. Sometemos a una auditoría la eocnomía de la comunidad de vecinos para evaluar la conciliación bancaria y administrar las posibles incidencias que puedan producirse para disminuir los márgenes de error y el intervalo de respuesta.
Las comunidades de vecinos que solamente desarrollen actividades propias de su condición, no están obligadas llevar las cuentas ni formular cuentas anuales a efectivos mercantiles, por lo que el órgano pertinente, ya sea el presidente o el gestor, continuará el mecanismo que considere más adecuado para reflejar su situación financiera.
Por esta razón, en el caso de que se quiera llevar a cabo un examen de las finanzas de la comunidad de vecinos, no es necesario que esta revisión sea efectuada de forma expresa por un auditor, sino que puede ocuparse de ello cualquier persona que disponga de la formación y la experiencia adecuados en el terreno de la articulación de las comunidades de vecinos, como puede ser un letrado. Eso sí, el estudio creado no podrá registrarse como informe de auditoría de cuentas, ni su elaboración o presentación podrá producir error respecto a que se refiere a un trabajo de verificación y no de auditoría como tal.
Cualquier propietario está en su derecho de pedir una auditoría de las cuentas, pero tendrá que acordarse el acto en la junta de vecinos. Si más del 50% de las cuotas de los vecinos votan favorablemente la elaboración del informe, se preparará y deberá ser pagado por toda la comunidad de propietarios. En caso de que se encuentren anomalías, se puede demandar al administrador de la finca o quién se encargue de sus funciones.
En este sentido, la labor de nuestros letrados está siempre al servicio de cualquier rendimiento que pueda resultar positivo para la comunidad y para llevar a cabo las gestiones que sean precisas en las diferentes instituciones públicas. Pero además te brindamos orientación legal para todas aquellas problemáticas que tengan que ver con las comunidades de vecinos y la Ley de Propiedad Horizontal. Como administradores de fincas colegiados, brindamos información sobre las actualizaciones legales que puedan publicarse, orientación y apreciación de la concerniente a procedimientos judiciales, la redacción y revisión de documentos legales y denuncias extrajudiciales para la defensa de la comunidad de vecinos.
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Acción de cesación en la Ley de Propiedad Horizontal. En la convivencia diaria de una comunidad de vecinos, las situaciones molestas pueden perjudicar la armonía residencial, afectando considerablemente a la calidad de vida de los residentes. Desde ruidos excesivos hasta un uso inapropiado de las áreas comunes. Para ello, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece el marco legal para resolver este tipo de conflictos.
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¿Qué se especifica en la Ley de Arrendamientos Urbanos? La Ley de Arrendamientos Urbanos es la normativa por la que se rigen los contratos de alquiler. La cuestión es que se trata de un marco legal fundamentalmente dispositivo, lo que quiere decir que solamente se aplica cuando no se especifica nada al respecto en el contrato firmado entre el arrendador y el arrendatario. Por este motivo, a la hora de preparar el contrato de alquiler, es esencial contar con la ayuda de un abogado especializado en derecho de arrendamientos.
Prescripción de obras ilegales en una comunidad de propietarios: En algunas ocasiones nos encontramos con situaciones en las que se han llevado a cabo obras que infringen la normativa urbanística aplicable, pero que terminan superando los plazos de prescripción sin que se haya iniciado un expediente urbanístico por parte de la administración correspondiente. No obstante, […]
