En nuestro despacho contamos con un equipo de expertos en leyes con una alta formación en la legalidad y la gestión de comunidades de vecinos que os ofrecerán ayuda para simplificar la dirección de la comunidad para proteger el edificio mediante decisiones adecuadas para el apropiado mantenimiento y la precisa administración financiera, dotada de rigor, recursos eficaces, privacidad, información, seguridad y transparencia.
Además, hacemos las tareas que sean precisas ante los organismos públicos, tanto gestiones ante la Seguridad Social como la presentación de los modelos trimestrales en la Hacienda Pública de las cuentas de la comunidad de vecinos, las demandas ante el ayuntamiento correspondiente y la solicitud de las autorizaciones precisas. Y es que no en pocos casos las comunidades de vecinos tienen que comunicarse con las administraciones públicas: como es el caso de pedir subvenciones, llevar a cabo reparaciones de fachadas, costear posibles multas, tramitar demandas, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de profesionales con más de diez años de experiencia. Tanto de manera telefónica como por email o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
La vida cotidiana de una comunidad de vecinos puede producir diversos enfrentamientos provocados, en algunas ocasiones, por la falta de acuerdo entre los propietarios y por el desconocimiento de la normativa legal y, en algunos casos, por las discrepancias generadas por la falta de confianza en las entidades de gobierno y gestión de la comunidad. Por desgracia, el sector de la administración de fincas suele ser un sector oscuro y poco transparente, por lo que prácticamente todos los días se pillan trampas y malas praxis en la gestión de las finanzas de la comunidad por parte de dichos administradores que hacen que los propietarios deban pagar un sobrecoste por los mismos trabajos. Debido a ello, las auditorías de las comunidades de vecinos son un instrumentos más habitual de lo que piensas.
Gracias al uso de los medios tecnológicos, podemos conseguir una correcta comunicación entre el presidente, los demás propietarios, la junta de gobierno y el gestor. Sometemos a un análisis las cuentas de la comunidad de vecinos para valorar la conciliación bancaria y administrar las posibles problemas que puedan generarse para acortar los márgenes de error y el tiempo de respuesta.
Las comunidades de propietarios que solamente lleven a cabo actividades propias de su condición, no tienen por qué llevar las cuentas ni enunciar cuentas anuales con objetivos mercantiles, por lo que el órgano pertinente, ya sea el presidente o el gestor, continuará el patrón que considere más apropiado para reflejar su situación financiera.
Por eso, si se quisiera efectuar una auditoría de los fondos de la comunidad de vecinos, no es necesario que esta inspección sea efectuada de manera expresa por un auditor, sino que puede encargarse de ello cualquier persona que disponga de los conocimientos y la capacidad adecuados en el ámbito de la articulación de las comunidades de propietarios, como puede ser un abogado. No obstante, el análisis emitido no podrá denominarse como informe de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrá dar lugar a error respecto a que se trata de una labor de verificación y no de auditoría como tal.
Cualquier persona puede solicitar una auditoría de las cuentas, pero deberá acordarse el acto en la junta de vecinos. Si más de la mitad de las cuotas de los vecinos aprueban la confección del informe, se preparará y será sufragado por al totalidad de la comunidad de propietarios. En caso de que se descubran anomalías, existe la posibilidad de querellar al administrador de la finca o quién se encargue de sus funciones.
En este sentido, la labor de nuestros letrados está siempre a disposición de cualquier beneficio que pueda ser favorable para la comunidad y para llevar a cabo las gestiones que sean precisas en las diferentes entidades públicas. Pero también te proporcionamos asesoría legal para todas aquellas polémicas relacionadas con las comunidades de vecinos y la LPH. Como administradores de fincas colegiados, brindamos información sobre las novedades normativas que puedan publicarse, orientación y apreciación de la relacionada con procedimientos jurídicos, la creación y inspección de escritos legales y denuncias extrajudiciales para la protección de la comunidad de propietarios.
¿Quieres contarnos qué te preocupa?
910 353 034
Consulta rápida y sin compromiso
El derecho de propiedad inmueble es el derecho de poseer algo. Algo privado, particular y personal de cada individuo que no pertenece al Estado. En el ámbito del derecho, el concepto de propiedad privada hace alusión al poder jurídico completo de una persona sobre una cosa. El poder directo que una persona posee sobre un […]
La situación de excepcionalidad y crisis sanitaria que hemos padecido a causa de la pandemia COVID-19 ha provocado el incumplimiento contractual sin intervención de dolo, culpa o voluntad unilateral de las partes contratantes, en miles de contratos: cancelaciones de vuelos, reservas hoteleras, arrendamientos, eventos, proveedores etc.
El art. 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, vigente para aquellos contratos firmados a partir del 1 de enero de 1995, establece la obligación de exigir el pago de una cantidad en concepto de fianza que deberá ser abonado por el inquilino. Importe que normalmente se fija en una mensualidad de la renta […]
Modelo de demanda de acción individual contra administradores de fincas: el art. 13 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece que el Presidente es uno de los miembros de gobierno de la Comunidad; que el nombramiento del mismo será obligatorio; y que ostenta legalmente la representación de la Comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que le afecta.
