En Vecindia contamos con un equipo de expertos en leyes con una gran formación en el derecho y la administración de comunidades de vecinos que os ofrecerán ayuda para facilitar el gobierno de la comunidad para proteger la finca a través de decisiones oportunas para el correcto sostenimiento y la severa administración financiera, dotada de rigor, recursos eficaces, privacidad, datos, seguridad y claridad.
Además, llevamos a cabo las tareas que sean precisas ante las administraciones públicas, tanto gestiones ante la Seguridad Social como la redacción de las declaraciones trimestrales en la Agencia Tributaria de los fondos de la comunidad de propietarios, las instancias ante el ayuntamiento que corresponda y la solicitud de las licencias necesarias. Y es que no en pocos casos las comunidades de propietarios deben interactuar con las insituciones públicas: como es el caso de cursar ayudas del Gobierno, hacer arreglos de fachadas, hacer frente a posibles multas, tramitar reclamaciones, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de abogados con más de diez años de experiencia. Tanto de manera telefónica como por correo electrónico o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
El devenir de una comunidad de vecinos puede producir diversos conflictos provocados, en algunas ocasiones, por la falta de acuerdo entre los propietarios y por el desconocimiento de la Ley de Propiedad Horizontal y, en otros casos, por las disconformidades causadas por la falta de confianza en los órganos de gobierno y administración de la comunidad. Por desgracia, el sector de la administración de fincas tiende a ser un sector opaco y poco claro, por lo que casi todos los días se desenmascaran desfalcos y malos hábitos en la gestión de las finanzas de la comunidad por parte de dichos administradores que provocan que los propietarios deban afrontar un sobrecoste por los mismos servicios. Por este motivo, las auditorías de las comunidades de vecinos son un mecanismo más frecuente de lo que imaginas.
Gracias a la utilización de instrumentos digitales, podemos conseguir una adecuada comunicación entre el presidente, el resto de vecinos, la junta de gobierno y el gestor. Sometemos a un estudio las cuentas de la comunidad de vecinos para comprobar la conciliación bancaria y gestionar las posibles problemas que puedan surgir para disminuir los márgenes de equivocación y el tiempo de respuesta.
Las comunidades de propietarios que solamente desarrollen actividades propias de su naturaleza, no están obligadas controlar la contabilidad ni formular cuentas anuales con objetivos mercantiles, por lo que el organismo pertinente, ya sea el presidente o el administrador, continuará el criterio que juzgue más oportuno para reflejar su condición financiera.
Por este motivo, si se quisiera efectuar una auditoría de la contabilidad de la comunidad de propietarios, no es necesario que dicha inspección sea efectuada de forma expresa por un auditor, sino que puede ocuparse de ello cualquier persona que cuente con los conocimientos y la capacidad adecuados en el ámbito de al marcha de las comunidades de vecinos, como puede ser un letrado. No obstante, el estudio emitido no podrá identificarse como informe de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrá dar lugar a error respecto a que se refiere a una labor de verificación y no de auditoría como tal.
Cualquier residente de la finca puede pedir una auditoría de las cuentas, pero deberá acordarse el acto en la junta de vecinos. Si más del 50% de las cuotas de los vecinos votan favorablemente la elaboración del documento, se llevará a cabo y será abonado por al totalidad de la comunidad de propietarios. En caso de que se encuentren irregularidades, es posible querellar al gestor de la finca o quién se ocupe de sus funciones.
En este sentido, la firma de nuestros letrados está siempre al servicio de cualquier beneficio que pueda ser positivo para la comunidad y para poner en marcha las tareas que sean necesarias en las diferentes administraciones públicas. Pero también te procuramos asesoría legal para todas aquellas disputas que tengan que ver con las comunidades de vecinos y la LPH. Como administradores de fincas colegiados, brindamos información sobre las actualizaciones legales que puedan surgir, asesoramiento y análisis de la concerniente a procesos jurídicos, la redacción y inspección de escritos legales y denuncias extrajudiciales para la defensa de la comunidad de vecinos.
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El pasado 19 de diciembre los miembros de las plataformas vecinales afectadas por el vertedero de Alcalá de Henares (Madrid) presentarán una denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil de Mejorada del Campo «contra todos los responsables e instituciones públicas que han permitido la actividad y la gestión de los residuos de la Mancomunidad Este en el vertedero […]
Nuestro cliente, una mercantil, había suscrito un contrato de arrendamiento sobre un local propiedad de otra empresa. La propietaria del local, incluso de manera previa a la formalización del contrato, autorizó a nuestra representada para la realización de las obras que se estimasen oportunas, para lograr la adaptación del mismo a la actividad que pretendía desarrollar. Sin embargo, una vez iniciadas las referidas obras por parte de nuestra cliente, la Comunidad de Propietarios donde se encontraba situado el local instó la inmediata paralización de las mismas. Por este motivo, y debido a la imposibilidad de adaptar el local a las necesidades de nuestra representada, ambas partes de mutuo acuerdo suscribieron un documento acordando la resolución anticipada del contrato de arrendamiento, renunciando la arrendadora a exigir cualquier tipo de penalización. En el mismo momento en el que se formalizó el mencionado documento, nuestra mandante puso el local arrendado a disposición de su propietaria, quien verificó el estado de este. En virtud del referido documento, de la Ley de Arrendamientos Urbanos y del propio contrato de arrendamiento, la parte arrendadora debía restituir a nuestra representada el importe entregado por ésta en concepto de fianza; más concretamente, 9.600 euros. Sin embargo, la propietaria, alegando que la arrendataria no había respetado el plazo mínimo de una anualidad estipulado en el contrato, incumplió su obligación de restituir la precitada cantidad.
La escritura de división horizontal es un documento notarial que define los elementos individuales de una finca (viviendas, locales comerciales, garajes, trasteros, etc) y los comunes (jardines, patios, piscinas, etc) con la descripción que corresponda a cada uno de ellos y el coeficiente que le corresponda. Pudiendo establecerse sobre edificios construidos, en construcción o meramente proyectados, situación en al que surge lo que se ha denominado prehorizontalidad.
Una Comunidad de Propietarios, presentó una demanda contra nuestra cliente. Pretendiendo atribuirle una responsabilidad por negligencia y mala praxis profesional, en su condición de Administradora de la Comunidad de Propietarios. Exigiéndole dicha responsabilidad por haber recomendado, por orden de la Comunidad, a un letrado que actúo negligentemente. De igual manera, la parte actora exigía que se le condenase a estar y pasar por la anterior declaración e indemnizar solidariamente, junto con el citado letrado, a la Comunidad por los daños y perjuicios sufridos, en la cantidad de 474.078,43 euros como principal, debiéndose sumar los intereses y costas correspondientes.
