En nuestro bufete contamos con un equipo de expertos en leyes con una gran formación en la legalidad y la gestión de comunidades de propietarios que os ayudarán a facilitar el gobierno de la comunidad para proteger la finca a través de las medidas oportunas para el apropiado sostenimiento y la rigurosa administración económica, dotada de rigor, recursos de eficiencia, privacidad, información, protección y transparencia.
Además, hacemos las gestiones que sean necesarias ante las entidades públicas, tanto trámites ante la Seguridad Social como la elaboración de las declaraciones trimestrales en la Hacienda Pública de los fondos de la comunidad de vecinos, las instancias ante el ayuntamiento correspondiente y la solicitud de las autorizaciones precisas. Y es que no en pocos casos las comunidades de propietarios tienen que interactuar con las insituciones públicas: como es el caso de tramitar ayudas del Gobierno, realizar reparaciones de fachadas, hacer frente a posibles multas, tramitar denuncias, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de abogados con más de diez años de trabajo. Tanto de manera telefónica como por email o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
El devenir de una comunidad de propietarios puede generar un buen número enfrentamientos provocados, muchas veces, por la falta de entendimiento entre los propietarios y por la incomprensión de la LPH y, en otros casos, por las disconformidades generadas por la falta de confianza en los organismos de gobierno y gestión de la comunidad. Por desgracia, el sector de la administración de fincas tiende a ser un sector oscuro y poco transparente, por lo que casi a diario se desenmascaran engaños y malos hábitos en la administración de los fondos de la comunidad por parte de dichos administradores que hacen que los propietarios deban pagar un sobrecoste por los mismos servicios. Por eso, las auditorías de las comunidades de propietarios son un procedimiento más habitual de lo que imaginas.
Gracias al uso de instrumentos digitales, podemos lograr una adecuada comunicación entre el presidente, el resto de propietarios, la junta de gobierno y el administrador. Sometemos a un estudio la contabilidad de la comunidad de vecinos para valorar la conciliación bancaria y administrar las posibles problemas que puedan producirse para disminuir los márgenes de equivocación y el intervalo de reacción.
Las comunidades de vecinos que solamente desempeñen funciones propias de su condición, no tienen por qué controlar las cuentas ni formular cuentas anuales a efectivos mercantiles, por lo que el órgano correspondiente, ya sea el presidente o el gestor, continuará el método que juzgue más adecuado para plasmar su situación financiera.
Debido a ello, en el caso de que se quiera hacer una auditoría de las cuentas de la comunidad de propietarios, no es necesario que dicha inspección sea realizada de manera expresa por un auditor, sino que puede ocuparse de ello cualquier persona que tenga la formación y la experiencia adecuados en el ámbito la estructura de las comunidades de propietarios, como puede ser un abogado. Eso sí, el estudio emitido no podrá denominarse como informe de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrá generar error respecto a que se refiere a una labor de repaso y no de auditoría como tal.
Cualquier persona puede solicitar una auditoría de las cuentas, pero deberá aprobarse el acto en la junta de vecinos. Si más de la mitad de las cuotas de los vecinos aprueban la confección del documento, se llevará a cabo y será sufragado por al totalidad de la comunidad de propietarios. En caso de que se dectecten anomalías, se podría acusar al administrador de la finca o quién realice sus funciones.
En este sentido, la firma de nuestros letrados está siempre al servicio de cualquier beneficio que pueda ser positivo para la comunidad y para tramitar las gestiones que sean necesarias en las diferentes entidades públicas. Pero además te proporcionamos orientación legal para todas aquellas problemáticas que tengan que ver con las comunidades de vecinos y la Ley de Propiedad Horizontal. Como administradores de fincas colegiados, proprocionamos servicio de consultoría sobre las novedades de la ley que puedan surgir, orientación y evaluación de la relacionada con procesos jurídicos, la redacción y inspección de escritos legales y denuncias extrajudiciales para la protección de la comunidad de propietarios.
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La figura del administrador de fincas es cada vez más popular en las comunidades de vecinos. Muchas de ellas dejan las funciones y tareas relacionadas con el funcionamiento y el mantenimiento del edificio en manos de profesionales de este tipo. Y, aunque la gran mayoría de ellos suelen atender sus obligaciones con ética y buena voluntad, podemos encontrarnos con algunas personas que llegan a traspasar la línea de la legalidad.
Si estás pensando en comprar o alquilar un piso y te preocupa la convivencia con tus nuevos vecinos debido a experiencias negativas vividas en el pasado, puede que te estés preguntando cuál es el horario para hacer ruido en una comunidad de vecinos. Y es que las obras, las fiestas, las celebraciones y otro tipo de ruidos pueden resultar muy molestos y terminar generando mal ambiente entre los vecinos de un edificio.
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Cómo reclamar al banco los gastos de formalización de hipoteca: cuando se solicita un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda, se generan dos tipos de gastos de formalización: los de compraventa y los gastos de constitución del préstamo hipotecario. Según el Tribunal Supremo y la Justicia Europea, los primeros deben ser cubiertos por la entidad bancaria. En el año 2013, el Tribunal Supremo dio la voz de alarma en este sentido y desde entonces se han ido configurando toda una serie de sentencias que han determinado que estos gastos tienen que repartirse entre la entidad y el cliente.
