En nuestro bufete contamos con un equipo de letrados con una elevada formación en la legalidad y la administración de comunidades de vecinos que os ayudarán a facilitar la dirección de la comunidad para cuidar la finca mediante las medidas oportunas para el apropiado sostenimiento y la precisa administración financiera, dotada de rigor, recursos eficaces, privacidad, datos, seguridad y claridad.
Además, hacemos las gestiones que sean necesarias ante las instituciones públicas, tanto gestiones ante la Seguridad Social como la cumplimentación de las declaraciones trimestrales en la Agencia Tributaria de las cuentas de la comunidad de propietarios, las instancias ante el ayuntamiento correspondiente y la petición de las licencias requeridas. Y es que no en pocas ocasiones las comunidades de vecinos tienen que interactuar con las insituciones públicas: como es el caso de solicitar subvenciones, ejecutar arreglos de fachadas, afrontar posibles sanciones, presentar denuncias, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de abogados con más de 10 años de trabajo. Tanto de forma telefónica como por email o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
El devenir de una comunidad de propietarios puede generar múltiples conflictos provocados, en algunas ocasiones, por la falta de entendimiento entre los propietarios y por el desconocimiento de la la legalidad vigente y, en algunos casos, por las discrepancias causadas por la falta de confianza en las entidades de gobierno y gestión de la comunidad. Por desgracia, el sector de la administración de fincas tiende a ser un sector opaco y poco claro, por lo que casi a diario se desenmascaran desfalcos y malas prácticas en la gestión de las cuentas de la comunidad por parte de dichos administradores que hacen que los propietarios tengan que afrontar un sobrecoste por los mismos trabajos. por esta razón, las auditorías de las comunidades de propietarios son un proceso más frecuente de lo que piensas.
Gracias al uso de los recursos tecnológicos, podemos conseguir una correcta comunicación entre el presidente, el resto de propietarios, la junta de gobierno y el gestor. Sometemos a un estudio la contabilidad de la comunidad de vecinos para valorar la conciliación bancaria y gestionar las posibles incidencias que puedan producirse para minimizar los márgenes de equivocación y el intervalo de reacción.
Las comunidades de vecinos que solamente desempeñen actividades propias de su naturaleza, no tienen por qué llevar las cuentas ni enunciar cuentas anuales a efectivos mercantiles, por lo que el órgano pertinente, ya sea el presidente o el gestor, continuará el mecanismo que considere más oportuno para reflejar su situación financiera.
Por eso, si se quisiera efectuar una auditoría de los fondos de la comunidad de propietarios, no es necesario que dicha inspección sea efectuada expresamente por un auditor, sino que puede encargarse de ello cualquier persona que tenga los conocimientos y la capacidad adecuados en el terreno la estructura de las comunidades de propietarios, como puede ser un abogado. Eso sí, el estudio emitido no podrá determinarse como informe de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrá producir error respecto a que se refiere a una labor de repaso y no de auditoría como tal.
Cualquier propietario está en su derecho de pedir una auditoría de las cuentas, pero deberá acordarse el acto en la junta de vecinos. Si más del 50% de las cuotas de los propietarios votan favorablemente la elaboración del informe, se preparará y deberá ser sufragado por toda la comunidad de vecinos. En caso de que se descubran anomalías, existe la posibilidad de demandar al administrador de la finca o quién se ocupe de sus funciones.
En este sentido, la firma de nuestros letrados está siempre al servicio de cualquier beneficio que pueda ser positivo para la comunidad y para realizar las gestiones que sean necesarias en las distintas entidades públicas. Pero también te proporcionamos orientación legal para todas aquellas problemáticas que tengan que ver con las comunidades de vecinos y la LPH. Como administradores de fincas colegiados, brindamos información sobre las novedades normativas que puedan publicarse, asesoramiento y valoración de la concerniente a procedimientos judiciales, la elaboración y inspección de documentos legales y requerimientos extrajudiciales para la protección de la comunidad de vecinos.
¿Quieres contarnos qué te preocupa?
910 353 034
Consulta rápida y sin compromiso
Funciones del administrador de fincas: el gasto que supone cada mes la contratación de los servicios de un administrador de fincas hace que miremos con lupa si realmente merece la pena o no contratar sus servicios. Seguro que más de una vez has escuchado o tú mismo has dicho en tu comunidad de vecinos: “Con […]
¿Cuánto tardan en desalojar a okupas? ¿Sabías que en España se ocupan de manera ilegal unas 40 viviendas al día? Comprar una vivienda supone un importante esfuerzo económico para la mayoría de las personas, por lo que la ocupación es uno de los mayores quebraderos de cabeza al que se enfrentan muchos propietarios. Un problema que actualmente afecta a unas 100.000 viviendas en toda España y que ha terminado por enquistarse en los tribunales de forma preocupante.
Resolución del contrato de compraventa de un inmueble: ¿en qué casos puede hacerse? El contrato de compraventa de un inmueble es un compromiso establecido entre el comprador y el vendedor para entregar el bien a cambio de un valor previamente acordado. Este documento obliga al vendedor a entregar el inmueble en las condiciones en las que se encontraba cuando se firmó el contrato de compraventa. Y, por otro lado, obliga al comprador a abonar el importe reflejado en el mismo.
