En nuestro despacho contamos con un equipo de abogados con una amplia formación en el derecho y la administración de comunidades de vecinos que os ayudarán a simplificar el gobierno de la comunidad para conservar la finca mediante las medidas adecuadas para el correcto sostenimiento y la severa gestión económica, dotada de rigor, recursos de eficiencia, privacidad, datos, protección y transparencia.
Además, llevamos a cabo las gestiones que sean necesarias ante las instituciones públicas, tanto trámites ante la Seguridad Social como la presentación de las declaraciones trimestrales en la Agencia Tributaria de las cuentas de la comunidad de vecinos, las instancias ante el ayuntamiento que corresponda y la solicitud de las autorizaciones precisas. Y es que no en pocas ocasiones las comunidades de vecinos tienen que comunicarse con las insituciones públicas: como es el caso de cursar subvenciones, ejecutar reparaciones de fachadas, sufragar posibles sanciones, presentar denuncias, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de profesionales con más de diez años de experiencia. Tanto de forma telefónica como por correo electrónico o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
La vida cotidiana de una comunidad de propietarios puede producir numerosos conflictos provocados, en algunos casos, por la falta de entendimiento entre los vecinos y por el desconocimiento de la Ley de Propiedad Horizontal y, en otros casos, por las disconformidades ocasionadas por la falta de confianza en las instituciones de gobierno y administración de la comunidad. Lamentablemente, el sector de la administración de fincas suele ser un sector opaco y poco claro, por lo que prácticamente todos los días se descubren trampas y malas costumbres en la administración de la contabilidad de la comunidad por parte de dichos gestores que hacen que los vecinos tengan que abonar un sobrecoste por los mismos servicios. Por eso, las auditorías de las comunidades de propietarios son un procedimiento más frecuente de lo que imaginas.
Gracias al uso de instrumentos digitales, podemos conseguir una correcta comunicación entre el presidente, el resto de propietarios, la junta de gobierno y el administrador. Sometemos a un examen la eocnomía de la comunidad de vecinos para verificar la conciliación bancaria y gestionar las posibles problemas que puedan surgir para reducir los márgenes de equivocación y el tiempo de reacción.
Las comunidades de propietarios que solamente realicen actividades propias de su condición, no tienen por qué llevar las cuentas ni formular cuentas anuales con objetivos mercantiles, por lo que el órgano correspondiente, ya sea el presidente o el administrador, seguirá el patrón que considere más conveniente para plasmar su condición financiera.
Debido a ello, en el caso de que se quiera llevar a cabo un examen de la contabilidad de la comunidad de vecinos, no es preciso que dicha inspección sea efectuada de manera expresa por un auditor, sino que puede encargarse de ello cualquier persona que posea la formación y la capacidad adecuados en el ámbito de la articulación de las comunidades de vecinos, como puede ser un letrado. Eso sí, el análisis creado no podrá registrarse como informe de auditoría de cuentas, ni su elaboración o presentación podrá dar lugar a confusión respecto a que se trata de un trabajo de repaso y no de auditoría como tal.
Cualquier residente de la finca está en su derecho de pedir una auditoría de las cuentas, pero deberá aprobarse el acto en la junta de propietarios. Si más de la mitad de las cuotas de los vecinos aprueban la elaboración del informe, se llevará a cabo y deberá ser pagado por al totalidad de la comunidad de vecinos. En caso de que se identifiquen anomalías, se podría acusar al administrador de la finca o quién se ocupe de sus funciones.
En este sentido, la labor de nuestros letrados está siempre a disposición de cualquier beneficio que pueda ser favorable para la comunidad y para tramitar las tareas que sean necesarias en las diferentes organizaciones públicas. Pero también te ofrecemos orientación legal para todas aquellas disputas que tengan que ver con las comunidades de propietarios y la Ley de Propiedad Horizontal. Como administradores de fincas colegiados, proprocionamos información sobre las actualizaciones legislativas que puedan publicarse, asesoramiento y evaluación de la relacionada con procedimientos jurídicos, la redacción y inspección de escritos legales y denuncias extrajudiciales para la protección de la comunidad de vecinos.
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Ley de Propiedad Horizontal la junta extraordinaria. Cuando se forma una comunidad de propietarios, uno de los aspectos más importantes es la gestión de las decisiones colectivas, y en ese sentido, la junta ordinaria que se celebra de forma anual juega un papel crucial para tratar los temas más importantes y llevar una buena gestión financiera.
La mayor parte de las comunidades de tamaño medio o grande disponen de un administrador de fincas que se ocupa de realizar todas las gestiones económicas y administrativas necesarias y de resolver las dudas y problemas que puedan surgir.
Si tenemos un vecino ruidoso que no para de molestarnos, lo más recomendable es intentar agotar la vía amistosa antes de interponer la denuncia ante el Ayuntamiento o, en su caso, iniciar una acción civil de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal y el Código Civil e, incluso, valorar la posibilidad de iniciar acciones penales.
Teniendo en cuenta que, por regla general, el comprador necesita como mínimo de 15 días para tramitar la hipoteca y que la Nueva Ley Hipotecaria obliga a los futuros hipotecados a acudir al notario con un mínimo de 10 días antes para informarse sobre las condiciones y cláusulas concretas del préstamo, el plazo para escriturar puede demorarse al menos un mes. Además, conviene ser cautelosos y dejar un buen margen de maniobra, ya que el plazo que se pacte en el contrato de arras es el máximo permitido. No pasa nada si se firma en Notaría antes de la fecha límite, pero podemos encontrarnos en problemas si necesitamos pedir una prórroga para poder escriturar.
