En nuestra empresa contamos con un equipo de profesionales con una gran formación en la legalidad y la gestión de comunidades de vecinos que os ofrecerán ayuda para facilitar el gobierno de la comunidad para proteger el edificio a través de decisiones adecuadas para el apropiado mantenimiento y la precisa gestión financiera, dotada de rigor, recursos eficaces, privacidad, información, protección y transparencia.
Además, llevamos a cabo las gestiones que sean precisas ante los organismos públicos, tanto trámites ante la Seguridad Social como la presentación de los modelos trimestrales en la Agencia Tributaria de las cuentas de la comunidad de propietarios, las instancias ante el ayuntamiento correspondiente y la petición de los permisos necesarios. Y es que no en pocos casos las comunidades de propietarios tienen que comunicarse con las insituciones públicas: como es el caso de pedir subvenciones, ejecutar arreglos de fachadas, costear posibles sanciones, presentar denuncias, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de abogados con más de diez años de trabajo. Tanto de manera telefónica como por email o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
La vida cotidiana de una comunidad de propietarios puede generar diversos conflictos provocados, algunas veces, por la falta de acuerdo entre los vecinos y por el desconocimiento de la la legalidad vigente y, en otros casos, por las disconformidades causadas por la falta de confianza en los organismos de gobierno y administración de la comunidad. Por desgracia, el sector de la administración de fincas tiende a ser un sector opaco y poco transparente, por lo que casi a diario se pillan desfalcos y malas prácticas en la administración de las finanzas de la comunidad por parte de dichos administradores que provocan que los vecinos tengan que hacer frente un sobrecoste por los mismos trabajos. por esta razón, las auditorías de las comunidades de vecinos son un procedimiento más frecuente de lo que piensas.
Gracias a la utilización de los medios tecnológicos, podemos lograr una adecuada comunicación entre el presidente, los demás propietarios, la junta de gobierno y el administrador. Sometemos a un examen la contabilidad de la comunidad de propietarios para valorar la conciliación bancaria y administrar las posibles incidencias que puedan generarse para disminuir los márgenes de error y el intervalo de respuesta.
Las comunidades de vecinos que únicamente desempeñen funciones propias de su condición, no tienen por qué controlar la contabilidad ni enunciar cuentas anuales a efectivos mercantiles, por lo que el órgano pertinente, ya sea el presidente o el gestor, seguirá el patrón que considere más oportuno para plasmar su situación financiera.
Debido a ello, en el caso de que se quiera realizar un examen de la contabilidad de la comunidad de vecinos, no es preciso que esta inspección sea efectuada de forma expresa por un auditor, sino que puede ocuparse de ello cualquier persona que tenga los conocimientos y la pericia adecuados en el ámbito de la articulación de las comunidades de propietarios, como puede ser un letrado. No obstante, el análisis emitido no podrá registrarse como informe de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrá crear confusión respecto a que se trata de una labor de comprobación y no de auditoría como tal.
Cualquier residente de la finca puede pedir una auditoría de las cuentas, pero tendrá que aprobarse el acto en la junta de propietarios. Si más del 50% de las cuotas de los vecinos aprueban la realización del informe, se preparará y deberá ser sufragado por al totalidad de la comunidad de propietarios. En caso de que se descubran anomalías, existe la posibilidad de querellar al gestor de la finca o quién lleve a cabo sus funciones.
En este sentido, la rúbrica de nuestros abogados está siempre a disposición de cualquier rendimiento que pueda resultar favorable para la comunidad y para tramitar las gestiones que sean precisas en las diferentes organizaciones públicas. Pero también te proporcionamos asesoría legal para todas aquellas polémicas que tengan que ver con las comunidades de propietarios y la Ley de Propiedad Horizontal. Como administradores de fincas colegiados, proprocionamos información sobre las novedades normativas que puedan surgir, asesoramiento y apreciación de la relacionada con procedimientos jurídicos, la elaboración y revisión de documentos legales y requerimientos extrajudiciales para la defensa de la comunidad de propietarios.
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Plazo para reclamar cláusula suelo: La sentencia 662/2019 del 12 de Diciembre del Pleno del Tribunal Supremo abrió totalmente las puertas a la reclamación por cláusula suelo, gastos de hipoteca y por cualquier cláusula abusiva en general. Incluso para aquellos afectados cuyas hipotecas ya estén canceladas o amortizadas. De esta forma, no solamente aquellos que mantengan el crédito vivo podrán exigir la devolución del dinero indebidamente cobrado a través de la vía judicial, sino también aquellos que ya hayan terminado de pagar el préstamo. Hasta la fecha, los bancos alegaban en los procesos judiciales que estos gastos no podían reclamarse si el contrato había finalizado o la hipoteca ya había sido cancelada. Y las sentencias entre los juzgados eran muy diferentes. En 2019, el Tribunal Supremo dió por terminado este debate permitiendo reclamar también las hipotecas canceladas de los afectados.
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El contrato de arras es un acuerdo jurídico de carácter privado en el que se acuerda entregar una cantidad de dinero en concepto de señal para reservar el derecho de compraventa de un inmueble entre vendedor y comprador. No existe ninguna cantidad estipulada en el Código Civil de manera oficial, sino que el porcentaje de la señal del contrato de arras será el que acuerden ambas partes. Eso sí, lo normal es que ronde entre el 5% y el 15% del precio total de la venta. Cantidad que debe pagarse en el momento de la firma como garantía, asegurándose así la identidad del destinatario final en todos los pagos realizados ante el propietario o vendedor. Por su puesto, lo que se pague como señal se descontará del precio total de la compra a la hora de formalizar el contrato de compraventa. Por eso, es importante que esta información queda reflejada en el contrato de arras.
