En nuestro despacho contamos con un equipo de abogados con una elevada formación en la legalidad y la administración de comunidades de vecinos que os ayudarán a simplificar la dirección de la comunidad para conservar la finca mediante decisiones oportunas para el apropiado mantenimiento y la estricta gestión financiera, dotada de rigor, recursos eficaces, privacidad, información, seguridad y transparencia.
Además, realizamos las tareas que sean necesarias ante las instituciones públicas, tanto trámites ante la Seguridad Social como la elaboración de las declaraciones trimestrales en la Hacienda Pública de los fondos de la comunidad de propietarios, las peticiones ante el ayuntamiento correspondiente y la petición de las licencias requeridas. Y es que no en pocos casos las comunidades de propietarios tienen que comunicarse con las insituciones públicas: como es el caso de cursar subvenciones, hacer arreglos de fachadas, sufragar posibles sanciones, presentar requerimientos, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de abogados con más de 10 años de experiencia. Tanto de manera telefónica como por correo electrónico o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
El devenir de una comunidad de propietarios puede crear diversos conflictos provocados, muchas veces, por la falta de acuerdo entre los propietarios y por la incomprensión de la Ley de Propiedad Horizontal y, en otros casos, por las discrepancias que se producen por la falta de seguridad en las entidades de gobierno y administración de la comunidad. Lamentablemente, el sector de la administración de fincas suele ser un sector opaco y poco claro, por lo que casi todos los días se descubren fraudes y malos hábitos en la administración de las finanzas de la comunidad por parte de dichos gestores que provocan que los vecinos deban afrontar un sobrecoste por los mismos servicios. Por eso, las auditorías de las comunidades de propietarios son un procedimiento más frecuente de lo que piensas.
Gracias a la utilización de los medios tecnológicos, podemos conseguir una correcta comunicación entre el presidente, los demás propietarios, la junta de gobierno y el administrador. Sometemos a un análisis las cuentas de la comunidad de propietarios para verificar la conciliación bancaria y gestionar las posibles problemas que puedan apareer para acortar los márgenes de equivocación y el tiempo de respuesta.
Las comunidades de vecinos que únicamente lleven a cabo funciones propias de su naturaleza, no están obligadas controlar la contabilidad ni formular cuentas anuales a efectivos mercantiles, por lo que el órgano correspondiente, ya sea el presidente o el gestor, continuará el patrón que considere más conveniente para plasmar su situación financiera.
Por esta razón, en el caso de que se quiera realizar un examen de la contabilidad de la comunidad de propietarios, no es preciso que dicha inspección sea efectuada expresamente por un auditor, sino que puede ocuparse de ello cualquier persona que tenga los conocimientos y la capacidad adecuados en el ámbito de la articulación de las comunidades de propietarios, como puede ser un letrado. Eso sí, el análisis emitido no podrá registrarse como informe de auditoría de cuentas, ni su elaboración o presentación podrá producir error respecto a que se refiere a un trabajo de repaso y no de auditoría como tal.
Cualquier residente de la finca puede solicitar una auditoría de las cuentas, pero deberá aprobarse el acto en la junta de propietarios. Si más del 50% de las cuotas de los vecinos votan favorablemente la realización del documento, se preparará y será sufragado por al totalidad de la comunidad de vecinos. En caso de que se encuentren irregularidades, se podría acusar al gestor de la finca o quién lleve a cabo sus funciones.
En este sentido, la rúbrica de nuestros letrados está siempre al servicio de cualquier rendimiento que pueda ser favorable para la comunidad y para poner en marcha las gestiones que sean necesarias en las diferentes organizaciones públicas. Pero también te brindamos asesoría legal para todas aquellas cuestiones relacionadas con las comunidades de vecinos y la Ley de Propiedad Horizontal. Como administradores de fincas colegiados, proprocionamos servicio de consultoría sobre las actualizaciones de la ley que puedan publicarse, asesoramiento y análisis de la relacionada con procedimientos jurídicos, la elaboración y inspección de documentos legales y requerimientos extrajudiciales para la defensa de la comunidad de propietarios.
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Según el art. 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, las comunidades de propietarios están obligadas a realizar «las obras que sean necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal«
La Ley de Propiedad Horizontal sobre los salvaescaleras establece cuándo las comunidades de propietarios están obligadas a su instalación. Con la entrada en vigor de la ley 26/2011 de 1 de agosto, de adaptación normativa a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Ley de Propiedad Horizontal ha experimentado importantes […]
Ley de Propiedad Horizontal en toldos y pérgolas: los toldos y pérgolas son bastante habituales en las comunidades de propietarios, pero lo cierto es que la instalación de este tipo de estructuras puede llegar a ser más compleja de lo que parece, A lo que hay que añadir que no es igual en todas las comunidades de propietarios, lo que puede generar conflictos recurrentes que en muchos casos terminan en los tribunales. Y es que muchos propietarios consideran que pueden colocarlos sin permiso, especialmente si han visto que ya existen otros desde tiempo atrás.
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