En nuestro despacho contamos con un equipo de letrados con una amplia formación en la legalidad y la gestión de comunidades de vecinos que os ayudarán a facilitar la dirección de la comunidad para proteger la finca mediante decisiones adecuadas para el correcto sostenimiento y la estricta administración financiera, dotada de rigor, recursos de eficiencia, privacidad, datos, protección y claridad.
Además, llevamos a cabo las tareas que sean necesarias ante los organismos públicos, tanto trámites ante la Seguridad Social como la presentación de las declaraciones trimestrales en la Agencia Tributaria de los fondos de la comunidad de propietarios, las demandas ante el ayuntamiento que corresponda y la petición de las licencias necesarias. Y es que no en pocas ocasiones las comunidades de vecinos tienen que interactuar con las insituciones públicas: como es el caso de pedir ayudas del Gobierno, llevar a cabo reparaciones de fachadas, costear posibles multas, presentar reclamaciones, etc.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de expertos con más de 10 años de experiencia. Tanto de forma telefónica como por email o presencial. Correo: info@vecindia.es Tel: 910.353.034
Cuidamos al máximo a nuestros clientes y las situaciones por las que pasan, por eso queremos mostrarte como hemos ayudado a otras personas como tu en situaciones similares. Descúbrelo en nuestros casos de éxito.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
El día a día de una comunidad de vecinos puede generar múltiples conflictos provocados, en algunas ocasiones, por la falta de acuerdo entre los propietarios y por el desconocimiento de la normativa legal y, en otros casos, por las desavenencias causadas por la falta de confianza en los organismos de gobierno y administración de la comunidad. Lamentablemente, el sector de la administración de fincas suele ser un sector oscuro y poco transparente, por lo que prácticamente a diario se desenmascaran desfalcos y malas prácticas en la administración de las finanzas de la comunidad por parte de dichos gestores que hacen que los propietarios deban afrontar un sobrecoste por los mismos servicios. Debido a ello, las auditorías de las comunidades de propietarios son un mecanismo más habitual de lo que imaginas.
Gracias a la utilización de instrumentos digitales, podemos lograr una correcta comunicación entre el presidente, los demás vecinos, la junta de gobierno y el administrador. Sometemos a un estudio la eocnomía de la comunidad de propietarios para verificar la conciliación bancaria y administrar las posibles problemas que puedan surgir para acortar los márgenes de error y el tiempo de reacción.
Las comunidades de propietarios que únicamente lleven a cabo actividades propias de su condición, no tienen por qué llevar las cuentas ni formular cuentas anuales con objetivos mercantiles, por lo que el órgano correspondiente, ya sea el presidente o el administrador, continuará el mecanismo que considere más apropiado para plasmar su condición financiera.
Por eso, en el caso de que se quiera llevar a cabo una auditoría de la contabilidad de la comunidad de vecinos, no es preciso que esta revisión sea efectuada expresamente por un auditor, sino que puede ocuparse de ello cualquier persona que disponga de los conocimientos y la capacidad adecuados en el terreno la estructura de las comunidades de propietarios, como puede ser un letrado. No obstante, el análisis emitido no podrá registrarse como informe de auditoría de cuentas, ni su elaboración o presentación podrá producir error respecto a que se trata de un trabajo de comprobación y no de auditoría como tal.
Cualquier propietario está en su derecho de pedir una auditoría de las cuentas, pero tendrá que acordarse el acto en la junta de propietarios. Si más del 50% de las cuotas de los vecinos votan favorablemente la redacción del informe, se llevará a cabo y deberá ser costeado por toda la comunidad de vecinos. En caso de que se encuentren anomalías, es posible querellar al gestor de la finca o quién lleve a cabo sus funciones.
En este sentido, la labor de nuestros abogados está siempre al servicio de cualquier rendimiento que pueda resultar positivo para la comunidad y para realizar las tareas que sean necesarias en las diferentes administraciones públicas. Pero también te proporcionamos asesoría legal para todas aquellas cuestiones relacionadas con las comunidades de vecinos y la LPH. Como administradores de fincas colegiados, proprocionamos servicio de consultoría sobre las actualizaciones de la ley que puedan publicarse, asesoramiento y evaluación de la relacionada con procesos judiciales, la creación y inspección de documentos legales y reclamaciones extrajudiciales para la defensa de la comunidad de propietarios.
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Modelo de reclamación de deuda para comunidad de propietarios: Según el art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de julio,»cada propietario tiene la obligación de contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, […]
Dentro de las Comunidades de Propietarios, existen obras que requieren de autorización de la Junta de Propietarios, por ser entendidas como obras de mejora, y otras que son las llamadas necesarias que no precisan de la citada autorización y cuya obligatoriedad viene impuesta por la Ley de Propiedad Horizontal.
El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal empieza así: «son obligaciones de cada propietario». Obligaciones que pueden hacer referencia a los elementos privativos y a los elementos comunes. Entre las primeras, se encuentran, por ejemplo, la prohibición de realizar cambios en los elementos arquitectónicos, servicios o instalaciones que alteren la seguridad del edificio, […]
Demanda por incumplimiento de contrato de arrendamiento: Incumplir un contrato es incurrir en la falta de cumplimiento de una o de varias cláusulas del acuerdo. Siendo el propio contrato el que determina el modo en el que el mismo debe desplegar sus efectos, así como las consecuencias en caso de no cumplimiento del clausulado por parte de los sujetos contratantes. Una situación que en muchas ocasiones puede desembocar en un pleito judicial.
