Anulación de un acta de junta de propietarios de pleno derecho: el art. 18 de la LPH contempla que los propietarios tienen derecho a reclamar en la junta de propietarios cuando no están satisfechos con algo que se haya acordado y realizar la impugnación de los acuerdos o actas de la comunidad de vecinos teniendo en cuenta tres motivos existentes: cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad, cuando resulten nocivos para los intereses de la comunidad pero favorables a uno o varios propietarios y cuando afecten a algún vecino que no tenga el deber legal de soportarlo o que se hayan acordado con abuso de derecho.
Por otro lado, si en el momento de convocar o, en su caso, celebrar la Junta de Propietarios, la Comunidad ha podido contravenir lo dispuesto en la LPH (remisión de la convocatoria en el plazo oficialmente marcado, llamamiento a todos los comuneros, celebración en tiempo y forma), puede que tenga que solicitarse la anulación de la Junta en su totalidad. Con el propósito de que un Juez, en caso de estimarlo procedente, manifieste inválida la polémica Junta de Propietarios; es decir, como si nunca se hubiese celebrado.
Si no estás conforme con alguna de las medidas que se han adoptado en una junta de vecinos sin importar los motivos que hemos comentado, tienes la posibilidad de efctuar todo el procedimiento con el consejo y la defensa de Vecindia. Somos un gran equipo de abogados expertos en la Ley de Propiedad Horizontal y en comunidades de propietarios. Profesionales con una magnífica formación y una trayectoria de más de una década llevando este tipo de cuestiones, lo que siempre es sinónimo de éxito.
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Pudiendo hacerlo los vecinos que, por cualquier motivo, hayan estado ausente de la junta, los que hubiesen salvado su voto en la junta o aquellos que hayan sido privados de su derecho a voto de forma indebida, siempre que se encuentren al al día en los pagos. Todos ellos disponen de un periodo de tres meses, a menos que sean actos que contradigan la legislación vigente o a los estatutos, en cuyo caso el plazo es de un año. Si ningún propietario impugna los acuerdos en intervalos de tiempo, el acuerdo quedará corroborado.
Si alguna vez no has podido acudir a una junta y te has enterado de los pactos a través de la información publicada en el tablón de anuncios o por la copia del acta depositada en tu buzón, es posible que se hayan adoptado acuerdos que te incumben y con las que no estás satisfecho.
El procedimiento correcto para la impugnación de acuerdos o actas de una comunidad de propietarios es a través de juicio ordinario siempre que la denuncia no esté relacionada sólo con requerimientos de cantidad, en cuyo caso deberá gestionarse por el procedimiento que corresponda. Se deberá poner un escrito en el juzgado de primera instancia que corresponda. Para lo cual es necesario un abogado y un procurador. Se formulará la denuncia en juicio declarativo ordinario, marcando el día de la convocatoria de la junta de vecinos, explicando los sucesos y aportando evidencias de que se es propietario de la comunidad mediante una copia de la nota simple de registro. Todo ello deberá ir firmado por el abogado y por el procurador.
Las comunidades de propietarios acostumbran a plantear problemas de funcionamiento relacionados con disputas de intereses entre los diferentes comuneros. Enfrentamientos que pueden estar vinculados a la aplicación o interpretación de lo que hay reflejado en la LPH, como la decisión de soportar una derrama, dudas sobre los estatutos, la realización de reparaciones o retauraciones en el bloques, la distribución de los presupuestos, el requerimiento de un procedimiento monitorio, las diferencias de pautas en la lista de las cuentas anuales, los cambios en la administración y muchos más.
Podemos atender cualquier controversia relacionada con disputas entre los propietarios de una finca. Tanto si eres tú el que desea realizar la impugnación de los acuerdos y actas de la comunidad de propietarios como si eres parte demandada y requieres defensa legal para afrontar la situación.
Sabemos que este tipo de casos no son nada agradables para nadie y que son muchas las dudas que pueden aparecer a lo largo del proceso. Nosotros nos ocupamos de todas las gestiones para que puedas estar tranquilo y evitarte mucho tiempo en trámites. De este modo, podrás resolver el conflicto lo antes posible y evitar que se extienda en el tiempo, generando tiranteces y mal ambiente entre los comuneros.
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¿Sabías que el alquiler es la primera causa de desahucio en España? Dos de cada tres de los procesos de desalojo que se producen en nuestro país está relacionado con el impago del alquiler. Por eso, es natural que muchos arrendadores tengan miedo de que el inquilino no quiera o no pueda irse pero no le pague la renta mensual.
En relación con la viabilidad en cuanto a la instalación de una chimenea ex novo en una Comunidad de Propietarios, salvo previsión estatutaria en contrario, la misma debe ser acordada por acuerdo unánime. Lo anterior, encuentra su fundamentación en la imposibilidad de subsumir tal construcción dentro de los supuestos contemplados en el artículo 10 de […]
La doctrina jurisprudencial actual sobre la exigencia de la unanimidad de la Junta de propietarios para adoptar acuerdos que impliquen una modificación de los elementos comunes, por constituir una modificación del título constitutivo, ha de ser matizada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera que las exigencias normativas en materia de mayorías deben ser interpretadas de modo flexible cuando se trata de locales comerciales situados en edificios en régimen de propiedad horizontal. Contacta ahora: info@vecindia.es
¿qué ocurre si el propietario le comunica al inquilino que no desea renovar el contrato y este no se marcha? Hay que tener en cuenta que, además del desahucio por falta de pago en las rentas, también es posible llevar a cabo un desahucio en aquellos casos en los que el arrendamiento deba finalizar por expiración del plazo, es decir, cuando el inquilino no abandona la propiedad a pesar de haberse terminado el contrato, ya sea por disposición legal o contractual. Siendo este tipo de juicios uno de los primeros en cuanto a litigios en nuestro país en lo que respecta al terreno de los arrendamientos.
