Somos un despacho de abogados especialistas en servicios de Derecho para Viviendas, vecinos y propietarios/propiedades nacido en el año 2007. Hoy en día somos un equipo de más de quince abogados y continuamos aumentando año tras año gracias al esfuerzo de nuestros profesionales y a la confianza que nuestros clientes han tenido en nosotros a lo largo de los años.
Profesionales expertos en cada uno de los aspectos que afectan al Derecho de la Vivienda y que tienen que ver con la Multipropiedad, Cláusulas de Suelo y Ley de Propiedad Horizontal, manteniéndose siempre al día de los cambios de Ley que se van produciendo para mostrarte constantemente las mejores soluciones a tus problemas y necesidades. Siempre bajo un estricto código ético que se basa en la confidencialidad, la responsabilidad y el esfuerzo.
Nuestro equipo te diseñará el asesoramiento y los servicios que necesites sobre derecho de vivienda y urbanístico, así como del entorno de la multipropiedad. En general, todo lo que tenga que ver con las comunidades de propietarios, multipropiedad, sector inmobiliario y con la Propiedad Horizontal.
Entendemos las necesidades de nuestros clientes y que no son todas iguales, por eso atendemos nuestros casos de manera individualizada, con mimo, rapidez y a un precio para todos, no sólo en el ámbito legal, sino también en el de los servicios profesionales, para que no se tengan que preocupar de nada.
En todas estas situaciones, podrás contar con nuestro gran equipo de abogados con más de diez años de experiencia. Tanto de forma telefónica como por correo electrónico o presencial.
Un gran equipo de letrados con más de diez años de experiencia y más de quinientos casos resueltos con éxito.
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Los Estatutos de la comunidad de propietarios son normas relacionadas con el uso de la finca constituida en Propiedad Horizontal y, por tanto, sus diferentes viviendas, locales y elementos comunes, así como las reglas de administración de la misma. Normas que establecen reglas concretas para el ejercicio de las obligaciones y derechos de los propietarios […]
En muchas comunidades de propietarios disponen de un solo contador de agua, cuyo importe se incluye dentro de la cuota mensual de la comunidad. Una situación que puede suponer una importante fuente de conflictos entre los vecinos. Y no sólo porque hay casas con más miembros que otras o porque, al ser algo común, se mire menos por el ahorro, sino también porque algunos vecinos pueden aprovecharse de la situación y dejar de pagar la cuota, disfrutando de agua gratis y de otros servicios comunes, mientras que el resto ve como se ven obligados a pagarle el agua al propietario moroso.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas determina que aquellas comunidades de propietarios que no lleven a cabo otras funciones más allá de las propias de su naturaleza no están obligadas a llevar la contabilidad ni a formular cuentas anuales a efectos mercantiles. No obstante, aunque no haya obligación de llevar una contabilidad formal, sí que se deben rendir cuentas ante todos los propietarios, siendo el gestor o el presidente el que se encarga de ello.
El pasado 2 de mayo se publicó en el BOE la Orden SND/385/2020, por la cual se modifica la Orden anterior SND/340/2020, que suspendía ciertas actividades vinculadas a las obras de intervención en los edificios existentes, en las que había riesgo de contagio por el coronavirus con las personas no relacionadas con ellas. Desde el 4 de mayo se permite la realización de obras en viviendas, locales y zonas no habitadas de los edificios, en las que no accedan las personas que residan o trabajen en ellos. Además, se autoriza el acceso de a las redes del inmueble y a las instalaciones de manera puntual, con la finalidad de que se lleven a cabo las conexiones a las mismas. Por regla general, desde la perspectiva de la comunidad de propietarios se requiere que la empresa encargada de las obras notifique sus normas y plan de trabajo en función de lo recogido en el BOE, previamente a la realización o continuación de cualquier tipo de obra en un edificio habitado. Dichas normas tienen que ser comunicadas a los dueños de la vivienda para evitar contactos entre los residentes del inmueble y los operarios de las obras.
